Las preguntas sobre una política de transporte coordinada entre ambas entidades, sobre quién deberá pagar los costos de la oferta de servicios públicos y privados (en especial cuando los pasajeros pagan impuestos en el Estado de México pero trabajan en el Distrito Federal), etcétera, exigen, primero, una filosofía política coherente de desarrollo urbano y; segundo, un sistema de planeación metropolitano unificado