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Aspectos legales del e-learning. (Privacidad (El derecho a la intimidad es…

- - - - Cada vez que navegamos por internet, compramos un libro o un billete de avión, visitamos una página web o consultamos nuestra cuenta corriente en línea, dejamos un rastro.
        
        Gran parte de nuestra actividad diaria queda registrada en alguna parte. El sujeto, la persona, se convierte en un dato, en un conjunto de información que puede llegar a ser muy valiosa.
        
        También van surgiendo en materia de protección de datos y en el contexto de internet nuevas iniciativas como la autorregulación.
        
        Puesto que es imposible estudiar todas y cada una de las leyes existentes en materia de protección de datos personales, examinaremos los principios de la ley orgánica de protección de datos (LOPD):
        
        • Consentimiento:
        
        Para el tratamiento de los datos de carácter personal, es necesario el consentimiento inequívoco del interesado y algunos datos disfrutan de una protección reforzada.
        
        • Seguridad y secreto en el tratamiento de los datos, congruencia y racionalidad en su utilización.
        
        • Veracidad y exactitud de las bases de datos:
        
        los datos de carácter personal deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad para la que se obtienen y deben ser exactos y estar actualizados
- - - - Sin embargo, tanto a nivel nacional como supranacional, se ha empezado a adoptar normativa específica para regular ámbitos que merecen especial atención.
        
        El legislador comunitario parte de la definición de “servicios de la sociedad de la información” (SSI) como cualquier servicio prestado normalmente a cambio de una remuneración, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario del servicio.
        
        El hecho de que un servicio se preste por vía electrónica, no exime de cumplir todas las normas que puedan serle aplicables en atención al tipo concreto de servicio de que se trate
        
        Desde normas fiscales hasta normas de control administrativo en materia de comercio, de sanidad, de licencias preceptivas para el desarrollo de la actividad concreta;
        
        Pasando, naturalmente, por las normas civiles o mercantiles de carácter general aplicables a las obligaciones y contratos, las normas sobre competencia desleal, sobre defensa de la competencia, sobre publicidad, sobre protección de datos personales, las normas penales y un largo etcétera.
        
        El uso de internet y de otras redes de comunicaciones electrónicas para hacer actividades de comercio puede revestir diferentes grados de intensidad.
        
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- - - - El derecho de autor tiene por objeto la protección de las obras literarias, artísticas y científicas. La característica propia de la propiedad intelectual es la intangibilidad, la falta de corporeidad del objeto protegido.
        
        El derecho de comunicación pública en el ciberespacio también adquiere una nueva dimensión.
        
        Normalmente, se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas;
        
        Normalmente se excluye de esta definición aquellas comunicaciones que se celebren dentro de un ámbito estrictamente doméstico.
        
        La excepción de cita es uno de los recursos más preciados por los docentes porque permite incluir fragmentos de otros autores en sus propios textos
        
        La principal ventaja de esta excepción en el campo del e-learning es que no está limitada a la reproducción, sino a la inclusión, con lo que se debe entender cubierta tanto la reproducción como la comunicación pública.
        
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- - - - Los localizadores y los criterios de jurisdicción y ley aplicable, territoriales tienen sentido en tanto se tiene control sobre el espacio físico y sobre las personas y objetos situados en él.
        
        En cambio, en un mundo donde cualquier información online puede ser descargada desde cualquier lugar donde exista acceso a internet, el criterio del “lugar” no tiene demasiado sentido o, cuanto menos, se hace difícil de identificar.
        
        En pocas palabras: la actividad en internet es global, mientras que las leyes y los tribunales continúan siendo nacionales.
        
        Lo mismo es predicable de la jurisdicción. Si existieran, a nivel supranacional, unos tribunales especiales competentes para decidir todas las cuestiones planteadas en internet, no nos preocuparía saber de cada caso cuál es la jurisdicción nacional competente que hay que conocer.
        
        En materia penal son competencia los tribunales del lugar de comisión del delito. Una vez más, este criterio puede otorgar competencia a todos y cada uno de los países del mundo donde se pueda tener acceso al material infractor.