Pero el Estado tiene que ofrecer mucho más. No solo para la región afectada. La gestión del riesgo, la prevención y reducción de desastres, debe asumirse como política de Estado construida desde la base con las comunidades y no como programa gubernamental y cumplirá su cometido cuando asumamos que aquellos son el resultado de los problemas no resueltos por los modelos actuales de desarrollo, cuando aceptemos que un dólar invertido en prevención, economiza diez dólares invertidos en atención, cuando asumamos la prevención como un elemento estructural en nuestra cultura, cuando los suelos aptos para vivienda y agricultura se les garanticen a los ciudadanos y no solo a los semovientes, cuando tanta “consultoría” individual tenga control social e institucional, cuando la protección y la seguridad ciudadanas no se confundan ni se “falseen” dentro del conflicto armado, cuando el análisis del riesgo sea una herramienta transversal en la planificación del desarrollo, cuando podamos financiar la mitigación y no solo la reconstrucción, cuando el conocimiento se asuma como una garantía de análisis y prospectiva, cuando la prevención no sea un costo sino una inversión. Ese día seremos menos vulnerables y los desastres dejarán de ser naturales.