El derecho colectivo al desarrollo, reclamado en especial por los países africanos, se reconoció solo muy tardíamente, e incluso entonces de manera incompleta.1 La consagración del derecho al desarrollo se inició con la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social (1969) y la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), y consiguió relevancia con la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de Naciones Unidas, de 1986,2 y con las conferencias mundiales de Naciones Unidas celebradas en la década de los noventa.