es un hecho reconocido, que tanto en el exterior como en nuestro país, en la decisión de las controversias relacionadas con la administración pública, en todo aquellos que no puede ser resuelto mediante la aplicación directa de las disposiciones escritas, por no existir tales normas o por no ser aplicables las existentes, a las necesidades de la administración, los tribunales acogen corrientemente las enseñanzas de los más prestigiosos jurisconsultos. Sean o no citados en las sentencias los nombres de los autores, sus opiniones son estudiadas y frecuentemente acatadas. Por eso, la doctrina es considerada como una fuente indirecta del derecho administrativo